El Gobierno de Laura Fernández anunció un nuevo mecanismo para facilitar el acceso a vivienda propia a más de 22,000 funcionarios policiales del Gobierno central, mediante la reserva de un 10% de los espacios disponibles en proyectos habitacionales para integrantes activos de los cuerpos de seguridad.

La iniciativa surge de un convenio relacionado con las instituciones responsables de vivienda y seguridad pública y busca dar prioridad a los policías dentro de proyectos financiados mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Los oficiales interesados no recibirán automáticamente una vivienda por su condición laboral. Las autoridades aclararon que deberán cumplir con los mismos requisitos socioeconómicos y financieros establecidos por la normativa vigente para acceder a los respectivos programas.

“Estaremos generando un 10% de los espacios en los proyectos que se desarrollan a través del Banco Hipotecario para la Vivienda para miembros de nuestra fuerza policial”, explicaron las autoridades.

El programa pretende responder a una situación que, según el Ejecutivo, afecta especialmente a los cuerpos policiales debido a la alta movilidad territorial que implica su trabajo.

Muchos oficiales deben trasladarse entre provincias, cambiar de delegación o asumir destinos alejados de sus familias, una condición que puede dificultar la posibilidad de establecerse permanentemente en una comunidad y adquirir una casa propia.

Fernández: “Es otra de mis promesas de campaña”

La presidenta Laura Fernández celebró la puesta en marcha del mecanismo y aseguró que formaba parte de los compromisos planteados durante su campaña electoral.

“Esta en particular a mí me alegra el corazón. Me alegra porque es otra de mis promesas de campaña. Esto está en mi plan de gobierno y en tiempo récord fuimos capaces de materializarlo”, afirmó.

Fernández sostuvo que uno de los propósitos de la medida es “reivindicar a nuestros cuerpos policiales” y mejorar las condiciones de quienes diariamente enfrentan estructuras criminales.

“Lo que yo como presidenta persigo con este tipo de iniciativas es reivindicar a nuestros cuerpos policiales y que nuestros policías no caigan en las redes de corrupción del crimen organizado y del narcotráfico”, aseguró.

Según Fernández, la limitación de recursos públicos y las condiciones fiscales dificultan implementar de manera inmediata incrementos salariales generalizados para los oficiales, por lo que su administración busca otras alternativas.

“Quizás yo no les pueda subir el salario ya por las condiciones económicas y fiscales de Costa Rica, pero sí hemos puesto cabeza a encontrar otras soluciones para apoyar a nuestros policías”, afirmó.

Un 10% reservado para policías

El principal componente del acuerdo consiste en reservar una de cada diez viviendas o espacios disponibles dentro de determinados proyectos habitacionales para funcionarios policiales que reúnan las condiciones establecidas en los programas.

Fernández enfatizó que el porcentaje estará destinado específicamente a esta población.

“Un 10% de todas las casas que entreguemos en proyectos de vivienda será reservado única y exclusivamente para que las ocupen policías de Costa Rica”, indicó.

La disposición podría beneficiar particularmente a agentes con familias numerosas o cuyos ingresos les permitan calificar dentro de las diferentes modalidades de apoyo habitacional.

Las autoridades insistieron, sin embargo, en que la prioridad no elimina los filtros existentes.

Los policías deberán acreditar que cumplen con las condiciones requeridas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, por lo que el convenio crea una prioridad dentro de los proyectos, pero no una adjudicación automática.

Gobierno quiere incluir a Tránsito y al OIJ

Durante la presentación del programa, Fernández ordenó además explorar una ampliación del beneficio.

La mandataria pidió a las autoridades responsables de vivienda que trabajen para incorporar a los oficiales de la Policía de Tránsito.

También manifestó su intención de conversar con las autoridades del Poder Judicial para analizar la posibilidad de incluir a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Creo que también los policías del Organismo de Investigación Judicial, que también arriesgan su vida al servicio de Costa Rica, deben ser beneficiarios de esta enorme oportunidad de hacerse de una casa propia”, señaló.

La eventual incorporación del OIJ requeriría coordinación con el Poder Judicial debido a que ese cuerpo policial no forma parte de la estructura del Gobierno central.