El 24 de junio el suelo se movió en Venezuela. Lo que vino después también puede medirse. Durante las primeras horas, miedo. Después, incertidumbre. Más tarde, dolor. Recién a las setenta y dos horas empezó a crecer otra cosa: rabia. “Horas sin noticias de mi familia, el teléfono no funciona, esto es una agonía”, gritaba Juana, desde la zona afectada, sin saber todavía si los suyos estaban vivos.

La secuencia quedó registrada en millones de publicaciones, comentarios y mensajes. Durante dos días la emergencia desplazó casi por completo a la política. Después la política volvió. Un terremoto no tiene ideología, pero la forma en que un poder responde —o no responde— siempre la tiene. Un terremoto no explica un país. En este caso lo revelo.

Desde enero, Timpano, el software de escucha digital que desarrollamos en Methodo, viene procesando la conversación venezolana: solo en el último estudio, 415 millones de interacciones. Ese material fue contrastado con mediciones sistemáticas de opinión pública, hechas antes y después de los sismos, y con entrevistas en profundidad a venezolanos comunes, dentro y fuera del país.

No buscamos reunir todos los datos disponibles. Demasiados números suelen ser otra manera de no decir nada. Importan los que permiten descubrir algo: aquellos después de los cuales un problema ya no puede mirarse igual. Conviene decir también lo que no capturan. Una conversación digital no mide a quien está sin luz, sin señal o sin ganas de escribir, y en Venezuela esa gente es mucha. Para eso están las entrevistas. Lo que sigue es lo que sí puede afirmarse.

Ordenado así, el presente venezolano tiene cuatro dimensiones: el régimen que permanece, Estados Unidos y su rol, la representación opositora y la palabra alrededor de la cual la sociedad empezó a organizar su futuro.

Cambiar el orden de los factores no termina con el régimen

Maduro ya no está en Miraflores. El régimen sí. La Presidencia cambió de ocupante; los hermanos Rodríguez, Cabello, la Asamblea oficialista, las fuerzas de seguridad, los jueces, las cárceles y los mecanismos de control siguen exactamente dónde estaban.

Más del 85% de los consultados considera que el chavismo, el gobierno terminado de Maduro y la actual conducción son el mismo proyecto político. El 89% define al gobierno encabezado por Rodríguez como una dictadura. No como una democracia incompleta, ni como una transición imperfecta, ni como uno de esos híbridos conceptuales que permiten completar informes internacionales sin llamar a las cosas por su nombre. Una dictadura.

Los sismos convirtieron esa definición en experiencia cotidiana. Antes, el 67% calificaba la gestión como mala o muy mala. Después, el 87%. Veinte puntos en cuestión de semanas: pocas gestiones consiguen tanto en tan poco tiempo.

El rechazo ya estaba. La emergencia lo volvió imposible de disimular. Primero fueron la ausencia, la lentitud y la improvisación. Después, la opacidad, las restricciones para entrar a las zonas afectadas y la sospecha de que hasta la ayuda humanitaria podía administrarse como un mecanismo de control.

“Ahora sí aparecen, pero para cerrar vías y no dejar pasar la ayuda de la gente”, me contaba Miguel, un estudiante que vive en Petare. Dianett, una maestra con familia en La Guaira describía el reverso de la misma escena: “Llevamos dos días y no se ve ni un militar ni una autoridad. Sólo vecinos sacando escombros con las manos”.

Un Estado ausente para rescatar y presente para controlar. Del otro lado, otra cosa: vecinos turnándose para cavar, listas de desaparecidos anotadas a mano en cuadernos escolares porque no había ningún registro oficial donde anotarlas, colectas organizadas por WhatsApp desde Bogotá, Miami, Madrid o Santiago por gente que hace años no pisa el país y que igual sabía dónde mandar el dinero. Un país que se rescató a sí mismo mientras el poder decidía a quién dejaba pasar.

La continuidad también la miden los inversores. No alcanza con cambiar de interlocutor mientras siguen intactas las instituciones que ejecutaron las confiscaciones y expropiaciones que terminaron en arbitrajes internacionales. Es difícil construir previsibilidad sobre una estructura que conserva los mismos resortes de decisión.

La extracción de Maduro cambió la cabeza visible del poder. No su lógica. Un régimen no cambia cuando libera a algunos de sus prisioneros mientras encarcela a otros. Cambia cuando deja de necesitarlos.

De la aclamación a la impaciencia

A comienzos de enero, Estados Unidos no era solamente esperado en Venezuela. Era invocado.

Después de años de declaraciones, sanciones, negociaciones interrumpidas y promesas internacionales, aparecía por fin un actor con voluntad y capacidad de modificar una historia que parecía condenada a repetirse. La extracción de Maduro convirtió esa expectativa en gratitud, en alivio y, durante algunas semanas, en aclamación.

“Trump había iniciado un trabajo que en su primer mandato no llegó a terminar. Ahora va más rápido, no pierde tiempo y va muy en serio”, me decía Jellmer, un vecino de Carabobo unos días antes del 3 de enero. No era adhesión ideológica. Era esperanza depositada en el único poder que parecía capaz de hacer aquello que el resto del mundo llevaba años explicando por qué no podía hacerse.

La conversación digital lo mostró con una intensidad excepcional. En enero, Estados Unidos alcanzó una valoración positiva del 72% entre los venezolanos: la más alta que Timpano registró en toda la región, incluso por encima de Chile, el país donde históricamente obtenía sus mejores números.

En julio, esa valoración había caído al 54% y la negativa había subido del 28% al 46%. Dieciocho puntos menos de imagen favorable. La distancia entre conversación positiva y negativa pasó de 44 puntos a apenas ocho.

Venezuela dejó de ser el país de la región que mejor valoraba a Estados Unidos y volvió al promedio regional. Es menos un giro antiestadounidense que el final de una excepcionalidad.

Los terremotos aceleraron ese tránsito. En las primeras horas aparecieron la gratitud y el reconocimiento: “Gracias, Estados Unidos, por los rescatistas que están salvando vidas bajo los escombros. Llegaron cuando más los necesitábamos”, comentaba una ciudadana con su departamento destruido en su cuenta de Instagram. Días después, la pregunta que se repetía era: “Estados Unidos tiene el poder de condicionar al régimen y no lo hace. Dejan que Rodríguez y Cabello sigan bloqueando la ayuda”.

Es discutible si la expectativa era razonable. No es discutible que existió, ni que Washington ayudó a construirla. Los venezolanos no dejaron de valorar la intervención: dejaron de celebrarla sin condiciones.

Hay una vieja ironía diplomática según la cual siempre conviene confiar en que los Estados Unidos harán lo correcto, una vez agotadas todas las demás alternativas. En Venezuela esa ironía dejó de ser un chiste de embajada: se volvió una cuenta, y alguien la paga. Porque a esta altura el desenlace parece inevitable y lo único que está en discusión es cuánto se demora. La demora no es neutral. Al régimen no le cuesta nada, lleva años haciendo de la espera un programa de gobierno. Les cuesta a los venezolanos, que la miden en apagones y en entierros. Y les cuesta a quienes prometieron acompañarlos: cada semana sin fecha cambian un poco de prestigio por algo mas de tiempo.

La legitimidad no congela la representación

La Asamblea Nacional de 2015 nació de una victoria indiscutible: la oposición obtuvo 112 de las 167 bancas y recibió un mandato claro para enfrentar al régimen. Esa legitimidad de origen permanece. Lo que el paso del tiempo obliga a discutir es su alcance representativo en 2026.

El país que votó entonces era otro. TikTok no existía, ChatGPT no era siquiera una palabra y Donald Trump nunca había gobernado. Desde entonces, varios países de la región tuvieron entre tres y cuatro presidentes, Perú diez.

Pero la transformación decisiva ocurrió dentro de la propia sociedad venezolana. Los cerca de 695.000 refugiados y migrantes que vivían fuera del país a fines de 2015 son hoy más de ocho millones. Todo venezolano que tiene 27 años o menos era menor de edad cuando se eligió aquella Asamblea. Millones de adultos nunca pudieron votar a quienes todavía aseguran representarlos.

Los datos actuales muestran dónde se concentra la adhesión. Después de los terremotos, María Corina Machado alcanzó más del 75% de imagen positiva y cerca del 80% de intención de voto. Entre los dirigentes vinculados con ciclos opositores anteriores, la mayoría registra niveles de negatividad semejantes a los de figuras del régimen.

Estuve en Santiago de Chile, en el primer gran encuentro público de María Corina con la diáspora. Llegaban en familia y temprano, como quien va a una cancha o a una misa. Había padres con los hijos sobre los hombros, banderas, arepas, música. Había gente grabando con el teléfono en alto para mandarle el video a alguien que no podía estar. Y había gente llorando, que es algo que después no entra en ninguna planilla. Guadalupe una abuela que se exilió para estar cerca de sus nietos, me lo explicó en una sola línea: “La gente la espera. Ella es la esperanza”.

La escena no invalida la victoria de 2015. Muestra otra cosa. Aquella elección explica el origen de una representación; la adhesión de la sociedad actual permite estimar cuánto de esa representación sigue vigente. Confundir las dos dimensiones equivale a usar una fotografía de hace diez años para describir un país que cambió de población, de territorio, de conversación y también de liderazgo.

La palabra que ocupa el futuro

Durante años, los venezolanos enfrentaron armas con escudos de cartón. El cartón no detiene una bala, no impide una detención, no protege de un golpe. Su sentido era otro: expresaba la decisión de una sociedad de poner el cuerpo sin reproducir la violencia de quienes la reprimían.

María Corina Machado construyó su liderazgo desde ahí. No prometió devolverle al régimen sus métodos: propuso derrotarlo sin dejar que definiera la naturaleza de quienes lo enfrentaban.

Por eso, después de las persecuciones, el exilio, las cárceles, las torturas y las muertes, la palabra que crece no es venganza. Es elecciones.

Más del 76% de los consultados cree que la transición democrática será pacífica. En las entrevistas, esa expectativa tiene una urgencia concreta: “Las elecciones tienen que ser rápido, no podemos seguir tolerando la tragedia diaria en nuestro país”, me decía Darío, un médico oriundo de Zulia en medio de uno de esos apagones que ya nadie se molesta en anunciar.

El hallazgo más interesante, sin embargo, no surge de una respuesta inducida. Aparece solo, en la conversación pública. En enero, las menciones sobre elecciones representaban el 8% de todo lo que se hablaba de Venezuela. En mayo llegaban al 16%. En junio, los terremotos ocuparon casi toda la atención y el tema cayó al 2%. Cuando la emergencia dejó de monopolizar la conversación, la palabra volvió con más fuerza: 17% en julio, 18% en agosto.

Una conversación digital no fija la fecha de una elección, no reemplaza instituciones ni garantiza una transición. Sí permite ver cuándo una sociedad empieza a ordenar su futuro alrededor de una solución concreta. La tragedia silenció la palabra durante unas semanas; la expectativa siguió intacta.

Conviene no confundir esa paciencia con resignación, ni darla por infinita. Los escudos de cartón fueron una decisión moral, no una condena perpetua. Una sociedad puede elegir durante años no responder con violencia. Nadie demostró todavía cuántos años.

Las fechas suelen aparecer primero en el lenguaje y después en los calendarios. El régimen todavía administra estructuras. Estados Unidos administra tiempos. Parte de la dirigencia opositora administra legitimidades del pasado. Los venezolanos, mientras tanto, parecen haber resuelto las dos preguntas que importan: quién los representa y mediante qué mecanismo quieren recuperar la libertad.

Venezuela todavía no tiene una fecha. Tiene una decisión. El calendario sigue en manos del poder. El futuro, cada vez menos.

El autor es politólogo, fundador y CEO de Methodo.