La OEA pidió este 28 de agosto que la elección del próximo contralor general de cuentas de Guatemala se resuelva con criterios de mérito, transparencia y fundamentación, al cerrar su quinta visita de seguimiento a un proceso que considera decisivo para la fiscalización de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

La misión también advirtió sobre otro foco de presión institucional: la crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala sigue teniendo alcance nacional y, según el organismo, sus efectos van más allá de la participación de la universidad en comisiones de postulación y otros procesos de elección de segundo grado.

De acuerdo con la misión especial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, durante esta visita hubo reuniones con autoridades de la Presidencia de la República, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

También recogió valoraciones de representantes de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, la academia, analistas y medios de comunicación.

La OEA exigió que la nómina para la Contraloría se fundamente en méritos y decisiones públicas

La misión compareció ante la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030. Allí presentó de forma verbal sus sugerencias y recomendaciones preliminares, y además entregó una comunicación escrita.

El organismo sostuvo que la comisión debe evaluar las candidaturas con rigor, objetividad y transparencia. Sus decisiones, señaló, deben basarse en los méritos, la experiencia, la honorabilidad, la independencia y la idoneidad de las personas aspirantes.

En esa línea, identificó como condiciones indispensables para la legitimidad de la nómina la publicidad de las sesiones, el acceso a los expedientes, la valoración adecuada de los señalamientos y la motivación de las calificaciones. La misión añadió que después corresponderá al Congreso realizar una elección responsable, guiada por las capacidades necesarias para dirigir una institución técnica e independiente.

Ese llamado respondió de manera directa a la pregunta central del proceso: qué debe garantizar la elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas. La respuesta de la misión fue concreta: un procedimiento abierto, decisiones razonadas y una selección basada en capacidades comprobables, no en restricciones automáticas ni criterios ajenos al mérito.

La OEA también indicó que el Congreso deberá celebrar audiencias e entrevistas públicas antes de seleccionar y elegir a la persona que considere más idónea para el cargo.

El finiquito y la crisis de la USAC quedaron bajo observación de la misión

Durante la visita, la misión dijo haber conocido preocupaciones sobre los efectos de exigir, denegar o revocar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito. Según el organismo, ese mecanismo puede afectar los derechos políticos y el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad, a la luz de los estándares interamericanos.

La misión reconoció que el instrumento cumple una función de fiscalización. Aun así, remarcó que su aplicación no debe convertirse en una restricción automática, arbitraria o desproporcionada del ejercicio de los derechos políticos electorales.

Para el organismo, cualquier decisión en esa materia debe apoyarse en normas claras, hechos comprobables y procedimientos que aseguren el derecho de defensa. También debe existir la posibilidad de impugnación judicial y una resolución oportuna.

En paralelo, la misión recibió información sobre la persistencia de la crisis institucional en la USAC. Señaló que la universidad ocupa un lugar central en la vida pública del país, tanto por la formación profesional y la producción de conocimiento como por su integración en diversos órganos del Estado.

La prolongación de los cuestionamientos sobre la legitimidad de sus autoridades, el funcionamiento de sus órganos de gobierno y el respeto de sus procedimientos internos, advirtió la OEA, afecta a la comunidad universitaria y debilita la confianza en una institución clave para la democracia guatemalteca.

El organismo añadió que la autonomía universitaria implica también responsabilidades: asegurar legalidad, participación democrática, elección legítima de autoridades, transparencia, rendición de cuentas y pluralismo dentro de la propia universidad. Por eso exhortó a las autoridades competentes, a la comunidad universitaria y a los distintos sectores nacionales a sostener los esfuerzos de reforma y depuración institucional, con apego a la Constitución, la ley, el debido proceso y la autonomía universitaria.

La misión sostuvo que esos esfuerzos deben continuar más allá de cada coyuntura electoral. Su objetivo, precisó, debe ser corregir las causas estructurales de la crisis, recuperar la legitimidad de los órganos de gobierno y asegurar procesos internos transparentes y democráticos.

Al cerrar la visita, la misión especial reafirmó su disposición de seguir acompañando a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y en la promoción de reformas orientadas a consolidar la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.