Un ciudadano nicaragüense, identificado con el apellido Estrada, permanece desaparecido en Costa Rica después de haber sido presuntamente secuestrado en la localidad de Horquetas de Sarapiquí.

De acuerdo con testimonios de familiares, los captores exigieron un rescate de cinco millones de colones —equivalentes a unos USD 11,000— a cambio de su liberación. El caso, que ha generado alarma entre la comunidad migrante y la opinión pública costarricense, es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes ejecutaron varios allanamientos en busca de pistas sobre el paradero de la víctima y los responsables del secuestro.

Según información oficial publicada por La Mesa Redonda, Estrada residía en la zona de Los Santos, en San José, y el pasado 21 de agosto se trasladó hasta Horquetas utilizando un taxi informal. Tanto él como el conductor del vehículo fueron privados de libertad y trasladados a una vivienda, aunque el taxista fue liberado el sábado por la tarde tras comprobarse que no tenía relación con el hecho.

Estrada, por el contrario, permanece desaparecido y las autoridades mantienen activo un operativo para su localización.

Durante las acciones policiales, el OIJ realizó al menos tres allanamientos en diferentes viviendas de Horquetas, donde presuntamente habría estado retenida la víctima. Además, las autoridades intervinieron un búnker en el que hallaron cantidades de droga. Según el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, el grupo criminal investigado estaría vinculado con tráfico de drogas y podría estar relacionado con otros casos de secuestro extorsivo en la región. Cinco personas han sido detenidas hasta el momento, aunque otros sospechosos continúan prófugos.

Uno de los principales hallazgos de los investigadores es que la evidencia recolectada permite establecer que Estrada estuvo en uno de los inmuebles allanados, lo que refuerza la hipótesis de que fue víctima de una organización dedicada a la privación de libertad y la extorsión. Muñoz señaló que “la prioridad es ubicarlo con vida”, mientras se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluido el posible móvil económico y la relación del caso con otras actividades delictivas. El OIJ también pidió la colaboración ciudadana para identificar y localizar a los sospechosos cuyas imágenes fueron difundidas públicamente.

Este caso se suma a una tendencia preocupante para la comunidad nicaragüense migrante en Costa Rica y en otros países de la región. De acuerdo con diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, los nicaragüenses enfrentan actualmente riesgos crecientes de desaparición, secuestro y muerte fuera de su país de origen, en contextos marcados por la migración forzada, la precariedad laboral y la acción de redes criminales transnacionales.

Según la organización Nicaragua Nunca Más, al menos 70 nicaragüenses han sido reportados como desaparecidos en el extranjero en los últimos tres años, principalmente en Costa Rica, México y Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que entre 2018 y 2026 se han documentado más de 150 muertes de nicaragüenses migrantes en rutas hacia el norte, mientras que otras organizaciones especializadas como la Red de Monitoreo de Migración reportan al menos 95 casos de personas fallecidas o desaparecidas tan solo en el último año.

El aumento de estos casos ha llevado a familiares y activistas a exigir acciones coordinadas entre los gobiernos de la región para investigar y prevenir estos delitos, así como para garantizar la protección de los derechos de quienes se ven obligados a migrar. Las cifras revelan no solo la vulnerabilidad de la población migrante, sino también el impacto que tiene la criminalidad organizada sobre quienes buscan alternativas de vida fuera de Nicaragua.

Mientras continúa la búsqueda de Estrada en Costa Rica, el caso reaviva el debate sobre la seguridad de los migrantes nicaragüenses y la urgencia de respuestas integrales que aborden tanto las causas estructurales de la migración como la persecución efectiva de las redes delictivas que operan en la región. Cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la víctima o a los sujetos buscados puede llamar de manera confidencial a la línea 800-8000-645.