El pueblo venezolano democrático tiene derecho a re-concebir y re-crear sus instituciones luego de un período de destrucción de las mismas en el cual fueron transformadas en absolutamente disfuncionales a las necesidades de la gente. Sin embargo, para muchas de ellas, la imagen dominante de la corrupción se sitúa como una condición que es imprescindible resolver porque esta infame práctica se ha comido por dentro el sistema y la propia economía del país, ha atacado incluso en los márgenes del poder, o incluso más allá en las dinámicas opositoras.

Es imposible no percibir la corrupción como una autoridad paralela que determina de la peor forma la vida política de Venezuela. Los hoy dictadores guardianes de la crisis venezolana han ejercido y ejercen una influencia considerable para que la corrupción misma sea parte de la ostentación del poder y determina la práctica de cómo se implementan las políticas. Esta dura realidad obstaculiza los esfuerzos para que la transición sea de hecho más flexible, abierta y democrática, manteniendo el mismo esquema cerrado de poder y priorizando el tráfico de influencias, favores, prebendas, apropiación y ventajas financieras como la función principal de la misma y dejando los problemas de la democracia como objetivos a resolver posteriormente (y estimo que si es posible nunca).

Todo comienza con una dimensión colectiva de deterioro, que abarca no solo la experiencia del orden cronológico de inicio del chavismo y la duración ilimitada del madurismo en un marco de irracionalidad política en que las otras opciones políticas fueron anuladas como posibilidad de alternancia, sino también en las creencias político-culturales compartidas en todo ese tiempo y una extraña concepción de una agenda política atrofiada por la falta de derechos.

Venezuela desarrolló este marco de trabajo político que limitó capacidades para el diálogo político y la posibilidad de una visión común de país, la cual no existe aún al presente. A partir de allí, las dinámicas de convivencia política que, en general, son posibles aún en contextos con fuertes contradicciones de ideas, en Venezuela las lógicas varias de cooptación e intimidación la hicieron completamente imposible.

Recuperar el Estado de Derecho es esencial para recuperar la justicia en un país en que el orden constitucional ha sido completamente subvertido. Para ello, reconocer la legitimidad de la juramentación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional legítima implica comprender la complejidad de la experiencia política de este proceso de recuperar la legalidad y la normalización del país, sin perder de vista la tarea de recuperar la decencia pública en el marco del más estricto apego a la Constitución.

Se deben buscar las formas más adecuadas de integrar esta complejidad en su amplio abanico de ideas, para que las mismas constituyan un factor unificador o un enfoque equilibrado en la determinación de los instrumentos institucionales, pues es algo absolutamente demostrado en todos los ámbitos que el Estado de Derecho y la Justicia son, además, en efecto, el motor económico y la orientación política fundamental ante los desafíos que enfrenta Venezuela, y que, en última instancia, estas cuestiones deberán ser resueltas para que se resuelva el país.

Como hemos dicho, la certeza jurídica es progenitora de la certeza política y la certeza económica. Para ilustrar el aspecto más significativo y fundamental del caso venezolano, supongamos que Venezuela tiene hoy una Constitución que sirve de marco rector para abordar los problemas actuales que vive el país y que la misma tiene la más plena vigencia, en tal caso, el país aplicaría entonces esta Constitución en función de las necesidades reales, tendría justicia para las violaciones de Derechos Humanos, no habría detenciones arbitrarias, no habría la asignación arbitraria de negocios y proyectos, tendría un Presidente surgido de los resultados electorales. Es obvio que todo esto no se ha aplicado porque el régimen tiene como principal mecanismo de preservación de su existencia la violación de la Constitución.

Es importante entonces que la oposición a este régimen no caiga en la trampa de buscar atajos que impliquen también la violación de la Constitución porque ello haría imposible acercarse a una solución y porque le permitiría al régimen entreverar suficientemente las cosas como para dividir la verdad, compartir responsabilidades en la desinstitucionalización del país y como para pretender que en definitiva son todos iguales.

Cualquier proceso de diálogo para la normalización democrática del país tiene que tener como objetivo la más plena vigencia de la Constitución y, por lo tanto, no puede comenzar, ni seguir, ni terminar con acciones o contubernios violatorios de la misma. La lucha por la Justicia vemos que será el punto crítico de esta semi-transición en proceso y ya hemos visto quienes han hecho los primeros movimientos sobre ella además del régimen. Es entonces muy importante reconstruir la institucionalidad con el más pleno respeto de la Constitución y sin desprolijidades al respecto, lo cual es difícil dada la natural tendencia a que eso pase en todas las dinámicas de conjunción del régimen con actores “opositores”.

El “bueno” de Jorge Rodríguez ofreció que los magistrados del próximo Tribunal Supremo de Justicia se voten en su propia Asamblea Nacional, es decir, simplemente profundizar cada vez más la ilegitimidad del proceso y, en realidad, no hay nadie como él para empeorar las instituciones y para violar la constitución en reiteración real. Es decir, asegurar la continuidad de la crisis de la que ha estado viviendo los últimos 12 años y mantener sus manitas agarrando el poder judicial.

En los procesos electorales del 2024 Venezuela categorizó y clasificó sus proyectos políticos, identificando los liderazgos y las posiciones fundamentales. No obstante, haber afirmado la centralidad de determinados posicionamientos políticos y haber descartado otros, vemos como estas creencias y liderazgos que fueron descartados vuelven (como siempre han vuelto) en diferentes formas y tamaños. Como resultado, la concepción de “poder” abarca tanto la experiencia práctica del chavismo/madurismo, así como las pequeñas parcelas compartidas por algunos opositores y semi-opositores.

Sin embargo, con respecto al futuro, la falta de popularidad de estas propuestas creó una perspectiva en la que no existe un concepto común y unificador para el país. Después de todo, la percepción popular (con sus elementos inherentes de interpretación y selectividad) no es intrínsecamente peligrosa, porque la intuición política que tiene el pueblo está muy basada en sus necesidades y, por lo tanto, en la realidad.

En efecto, la observación que realiza la gente la llevó a conclusiones políticas claras respecto a la sórdida ilegitimidad del régimen y sus representantes, la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y del TSJ de la dictadura, todos ellos surgidos de fraudes electorales y de procesos viciados de nulidad. El pueblo venezolano nunca tuvo ninguna duda al respecto, algo muy distinto que algunos dirigentes políticos “opositores” que se sienten hermanados con el régimen en su falta de representatividad.

La normalización constitucional no puede significar sumar más violaciones a la Constitución, así como no puede estar tramitada por actores carentes de representatividad popular, tan carentes de representatividad los hace carentes de legitimidad.

Todas las cosas que se hacen de espaldas al pueblo quedan siempre bastante malparidas.

Luis Almagro/Instituto CASLA