En la localidad santafesina de Rafaela, la Justicia avanzó con la imputación de 22 personas por presunta asociación ilícita vinculada al microtráfico y a hechos de violencia altamente lesiva, en una causa que reúne 17 legajos penales conexos y que, según la acusación, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización con presencia en distintos barrios de la ciudad.

La audiencia se realizó este jueves en los tribunales rafaelinos ante el juez Nicolás Stegmayer, con intervenciones del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y de las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro. De acuerdo con la información oficial, entre las personas alcanzadas por las atribuciones delictivas hay 15 hombres y 8 mujeres de entre 18 y 74 años.

El expediente no se limita a maniobras de venta de estupefacientes al menudeo. Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la estructura bajo investigación habría combinado el microtráfico con otros delitos destinados a sostener control territorial y capacidad de intimidación en sectores de la ciudad. La discusión sobre las medidas cautelares se realizará la próxima semana, en fecha y horario que deberá definir la Oficina de Gestión Judicial.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de Santa Fe, Carbone sostuvo ante el tribunal que el avance de la causa fue resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía General y la Fiscalía Regional 5, a cargo de Carlos Vottero, a partir del estudio de una serie de hechos graves registrados en la ciudad entre mayo y junio de este año.

Según expuso el fiscal jefe, “la banda se dedicaba al comercio organizado de estupefacientes y, mediante otros delitos, buscaba imponer su dominio territorial en distintos barrios”. Esa descripción resume el eje central del caso: una organización que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, no solo comercializaba drogas en pequeña escala, sino que también desplegaba acciones violentas para consolidar poder en el terreno.

Los fiscales encuadraron las imputaciones en 17 legajos penales conexos. Dentro de ese universo, las atribuciones incluyen portación y tenencia de armas de fuego, extorsión, secuestro coactivo, usurpación y otros delitos. A esa lista se suman episodios que, según detalló el MPA, comprendieron balaceras, amenazas, amedrentamientos armados y daños.

La investigación también alcanza a otros dos hombres que permanecen prófugos y tienen pedidos de detención vigentes. Esa situación fue mencionada por Carbone durante la audiencia, al explicar que la pesquisa sigue abierta y que aún restan medidas sobre integrantes señalados por la acusación.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el equipo fiscal, la organización criminal habría operado al menos desde marzo de 2025 hasta el viernes de la semana pasada, cuando se ejecutaron 17 allanamientos en 12 barrios rafaelinos. Ese despliegue marcó un punto de inflexión en el expediente, ya que derivó en nuevas detenciones y en el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa.

Entre los objetos incautados, la acusación mencionó estupefacientes y armas de fuego, además de otros materiales incorporados a la investigación. El MPA precisó, a su vez, que 14 de los ahora imputados ya estaban privados de la libertad por diligencias ordenadas con anterioridad en otros legajos penales, un dato que muestra la conexión de esta causa con expedientes previos.

Uno de los tramos más sensibles de la audiencia estuvo centrado en el rol atribuido a un imputado identificado por sus iniciales E.M.C.L., a quien la Fiscalía señaló como jefe de la asociación ilícita. Según la hipótesis acusatoria, se trataba de la persona a la que reportaban, de forma directa o indirecta, los demás integrantes del grupo.

Los fiscales sostuvieron que E.M.C.L. facilitaba recursos para la venta de droga al menudeo en búnkeres bajo su control, recibía el dinero originado en esa actividad y además intervenía en el brazo armado de la estructura. En ese marco, también se le atribuyeron comercio de estupefacientes en modalidad de microtráfico agravada por la participación de tres o más personas, portación indebida de arma de fuego y abuso de armas.

Otro de los imputados mencionados en la audiencia fue F.C., a quien la acusación ubicó en un nivel organizativo dentro de la presunta asociación ilícita. En su caso, el MPA le atribuyó el rol de organizador, además de adjudicarle presunta autoría en comercio de estupefacientes bajo la misma modalidad agravada, portación indebida de arma de fuego de guerra, abuso de armas y daños.

Para el resto de las personas imputadas, la Fiscalía describió una participación como miembros de la estructura, aunque con funciones diferenciadas. Según indicaron Bertero y Doro, “con diferentes roles, estas personas intervinieron en otros delitos relacionados al microtráfico y a violencias altamente lesivas, que incluyeron ataques y amedrentamientos con armas de fuego”.

El expediente quedó además incorporado dentro de los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal, una referencia institucional que ubica la causa dentro de una estrategia más amplia de abordaje sobre mercados ilegales, violencia armada y estructuras criminales con inserción territorial.